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“Gratuidad en el Acceso a la Justicia en Materia Ambiental y del Consumidor: Un Análisis Comparativo”

 

Autores: María Victoria Silvetti y Juan Martín Pérez Pidutti

 

La incorporación de los derechos de incidencia colectiva al ordenamiento jurídico argentino a raíz de la reforma constitucional de 1994 y el vertiginoso desarrollo sufrido por estos en los últimos años plantea una serie de interesantes interrogantes para los operadores del derecho[1].

En concreto, los artículos 41 y 42 de la Carta Magna pusieron el foco en la protección del derecho de todo ser humano al medio ambiente y el de los consumidores y usuarios en sus relaciones de consumo. De los principios constitucionales enunciados se derivó la sanción de leyes marco para la efectivización de tales derechos: la Ley General del ambiente (LGA) Nº 25.675 y la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) Nº 24.240 respectivamente.

La primera de estas, consagra en su art. 32 el acceso a la jurisdicción en materia ambiental, estipulando que “no se admitirán restricciones de ningún tipo o especie”. De tal precepto se deriva lo que podemos denominar “principio de gratuidad” en materia ambiental. Sin embargo, la consagración formal de dicho principio resulta insuficiente si el mismo es desconocido por los ciudadanos e incluso por los operadores jurídicos. Tal ignorancia afecta directamente las posibilidades de las personas de acceder a la justicia en materia ambiental, perjudicando de manera especial a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica.

La similitud del principio expuesto frente a su homónimo en materia de Derecho del Consumidor surge patente. Sin embargo, este último presenta un grado considerable de mayor desarrollo, aplicación y conocimiento, lo que redunda en su coronación como una herramienta efectiva para facilitar el acceso a la justicia de los consumidores.

La importancia de ello radica en que los costos de iniciar un proceso judicial (bonos profesionales, aportes previsionales, tasas de justicia, honorarios de abogados, etc.) son tan elevados que, virtualmente, constituyen un serio obstáculo para el acceso a la justicia.

Cabe precisar que el término “acceso a la justicia” es entendido en la presente ponencia como acceso a los órganos del Poder Judicial, es decir se adopta una visión restrictiva de dicho concepto.

Dicho esto, debe tenerse presente que el Derecho al Ambiente sano, apto y equilibrado del art. 41 CN, implica necesariamente la obligación del Estado de velar por su cumplimiento y efectividad, lo cual incluye poner a disposición de los afectados todas las herramientas e instrumentos necesarios que posibiliten el acceso a órganos judiciales cuando sea violado.

A pesar de que el art. 32 de la LGA establece que el acceso a la jurisdicción ambiental no admitirá restricciones de ninguna índole, no se hace alusión expresa a la cuestión económica ni al principio de gratuidad.

No obstante, la doctrina ha interpretado que las acciones ambientales en todo el país deben quedar exentas de todo tipo de tasas, contribuciones y cualquier otra imposición de índole económica que pueda obstruir el avance del proceso, la obtención de una sentencia y su cumplimiento[2].

Debemos tener en cuenta que en materia ambiental se da una desigualdad estructural que se traduce en disparidad económica, técnica, estratégica y de influencia entre los productores del daño y los afectados. Además en términos económicos los procesos ambientales suelen ser muy costosos por la necesidad de realizar pericias e informes técnicos[3].

Cabe tener presente que se considera que la gratuidad debe alcanzar las tasas de justicia, los bonos profesionales y aportes previsionales, las costas, y en caso de medidas cautelares, la contracautela debería ser siempre juratoria[4].

En este punto es fundamental resaltar los principios preventivos y precautorios que rigen en materia ambiental. Los mismos establecen que hay que evitar o impedir las acciones que puedan degradar el medio ambiente, aplicándose el primero (preventivo) cuando se trata de un riesgo verificado, comprobado, real; mientras que el de precaución interviene cuando se trata de riesgo hipotético, incierto[5].

La aplicación de estos principios implica que un ciudadano común al sospechar o creer que una actividad determinada está afectando, o puede llegar a afectar, las condiciones ambientales, debe contar con los medios necesarios para iniciar un proceso judicial y obtener una medida cautelar que ponga fin a dicha actividad. Esto implica que debe poder urgir gratuitamente el actuar de la justicia, y obtener tal medida con una contracautela meramente juratoria.

Tal fue el criterio seguido en la causa ETCHEGARAY CENTENO EDUARDO RAUL C/ MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME S/ AMPARO (FUERO CIVIL), dictado por el Juzgado Civil y Comercial con competencia en Familia y Contencioso Administrativo de Santo Tomé, provincia de Corrientes. En el mismo expresamente se sostuvo lo siguiente “En cuanto la contracautela, conforme art. 32 Ley 25.675 (LGA) se considera viable requerir caución juratoria, para responder por los daños y perjuicios que pudieran corresponder, en caso de haber accionado sin derecho.” En efecto en el mencionado caso se dictó una medida cautelar innovativa a fin de la Municipalidad demandada presentara una evaluación de impacto ambiental respecto de un basurero a cielo abierto.

También resulta relevante destacar que el principio de gratuidad no se encuentra consagrado en el artículo 4 de la LGA, que define 10 principios que guiarán la interpretación y aplicación de toda ley que implemente una política ambiental.

Por su parte, el art. 53 de la LDC sostiene que “las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.” En sentido concordante el art. 55 de la LDC expresamente consagra: “Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita.”

A diferencia de la redacción de la LGA los artículos citados sí consagran expresamente la gratuidad económica.

No obstante, su redacción dio lugar a divergencias en cuanto a su alcance, y si debían o no considerarse exentos los consumidores de abonar las costas del proceso en caso de resultar vencidos, o si solamente quedaban liberados de las tasas de justicia. En respuesta a ello, la CSJN adoptó la postura amplia en el caso “Unión de Usuarios y Consumidores y Otros c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A”, en el que se eximió a la asociación de consumidores vencida a abonar las costas por aplicación del art. 55 de la LDC.

Tal postura fue sostenida también por la CSJ de Tucumán (sentencia nº: 1219, del 06/10/2016), la cual expresamente sostuvo lo siguiente: “En virtud de lo dispuesto por el art. 55 LDC las asociaciones de consumidores y usuarios, al interponer acciones judiciales en defensa de intereses de incidencia colectiva, gozan del beneficio de justicia gratuita que las exime de cargar con los gastos del juicio, incluida las costas”.

Por su parte es prácticamente nula la jurisprudencia de la CSJN sobre la gratuidad en materia ambiental. En el caso “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ YPF S.A. y otros s/Daño ambiental”, en el que prosperó la excepción de defecto legal interpuesta por las demandadas, resolvió imponer las costas por su orden (apartándose del principio objetivo de la derrota), ya que consideró que “las características de los procesos de esta naturaleza y la índole de la cuestión autorizan a dejar de lado el principio objetivo de la derrota”[6].

En virtud de lo analizado hasta ahora, podemos concluir que la finalidad del legislador al establecer la gratuidad en materia de Derecho del Consumidor fue similar a la perseguida en materia ambiental. Ello responde a la consideración de que, tanto el consumidor frente a los proveedores, como el afectado frente al causante de un daño ambiental, se encuentran en situaciones de desventaja y desequilibrio de recursos.

Así como los consumidores y usuarios presentan una debilidad estructural cognoscitiva, informativa, económica y de negociación, los afectados en procesos ambientales también las presentan, por cuanto se enfrentan a grandes empresas contaminantes, detrás de las cuales se esconden fuertes intereses económicos. Cabe precisar que ambas materias, por la índole de los intereses en juego resulta fundamental otorgar una tutela judicial y procesal diferenciada.

Cabe precisar que se admite la gratuidad sin dudas en Derecho del Consumidor, instituto desarrollado incluso en la jurisprudencia de la CSJN, donde se discuten pretensiones netamente patrimoniales. No puede dudarse entonces de su aplicación en Derecho Ambiental donde las pretensiones trascienden la índole exclusivamente patrimonial.

Sumado a ello, de la investigación realizada mediante encuestas, tomando como muestra a operadores jurídicos, surge que alrededor del 70% de la población conoce la existencia del principio de gratuidad en Derecho del Consumidor, mientras ese porcentaje se reduce al 31% respecto del principio de gratuidad en Derecho Ambiental.

Tales datos nos permiten suponer que personas sin acceso a internet, sin alfabetización, de barrios vulnerables, cercanos a basurales y que viven por tanto en condiciones ambientales muy precarias, desconocen por completo estos principios, siendo quienes paradójicamente más necesitan de la gratuidad para acceder a la justicia.

 


 

[1] CAFFERATTA, Nestor A., Derecho Ambiental en el Código Civil y Comercial de la Nación, disponible en www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/01/Doctrina388.pdf página 9

[2] FALBO, Aníbal J., Derecho Ambiental , pág. 306, Ed. Platense, año 2009.

[3] SUCUNZA, Matías A.; VERBIC, Francisco, Acceso a la justicia y beneficio de gratuidad en materia de acciones de consumo y medio ambiente.

https://www.academia.edu/24570788/Acceso_a_la_justicia_y_beneficio_de_gratuidad_en_materia_de_acciones_de_consumo_y_medio_ambiente

[4] SIDOLI, Osvaldo, Regulación de las acciones colectivas, AR/DOC/454/2017

[5] BESTANI, Adriana, Principio de precaución, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2012, pp 3 a 43

[6] SUCUNZA, Matías A.; VERBIC, Francisco, Acceso a la justicia y beneficio de gratuidad en materia de acciones de consumo y medio ambiente.

https://www.academia.edu/24570788/Acceso_a_la_justicia_y_beneficio_de_gratuidad_en_materia_de_acciones_de_consumo_y_medio_ambiente

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