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Los métodos alternativos de resolución de conflictos como una herramienta para el acceso a la Justicia

 

Autor: Jalil, Sergio Nicolás

 

  1. Introducción

Por medio del presente trabajo se buscará plantear la importancia que tienen en nuestros días los métodos alternativos de resolución de conflictos frente al reclamado y tantas veces nombrado derecho de acceso a la Justicia.

Se intentará evidenciar que ante la crisis e insuficiencia del sistema de justicia clásico, para garantizar de manera plena y efectiva aquel derecho fundamental, debe pensarse en políticas públicas que impulsen y promuevan -bajo ciertos requisitos- la utilización de mecanismos diferentes al modo tradicional de resolver los conflictos, especialmente en favor de aquellos que viven en situación de vulnerabilidad.

 

  1. El derecho de acceso a la Justicia y los métodos alternativos de resolución de conflictos

El acceso a la Justicia no es un derecho retórico: de su eficacia concreta depende la materialización de todos los otros derechos fundamentales[1].

Es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el Estado constitucional de Derecho en una sociedad democrática. La universalidad y la igualdad son dos elementos característicos del propio reconocimiento del derecho de acceso a la Justicia.

En tal sentido, no puede negarse que la desigualdad es una característica histórica y arraigada de las sociedades contemporáneas y que existen muchos individuos que siguen enfrentándose a barreras de todo tipo -económicas, sociales, culturales, geográficas- para reclamar y hacer valer sus derechos.

Al respecto, pese a los incesantes y novedosos trabajos teóricos y a las auspiciosas reformas propuestas, lo cierto es que la justicia tradicional sigue exhibiendo deficiencias estructurales que afectan la calidad del servicio que debe brindar y perjudica mayormente a las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

En efecto, los grupos históricamente discriminados en general no logran resolver sus necesidades jurídicas insatisfechas por intermedio del mecanismo clásico que les ofrece el Estado. Consideran al sistema jurisdiccional como un engranaje distante y lejano, burocrático y formal, caro e inaccesible, que evita la participación ciudadana e impone forzosamente la solución a los conflictos.

Frente a ello, es necesario plantearse las bondades y beneficios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para ampliar el contenido clásico del derecho de acceso a la Justicia[2] y a los fines de desterrar –de una vez por todas- la idea de que son herramientas “de segunda categoría”.

De esta manera, debe avanzarse hacia la configuración del acceso a la Justicia como un derecho amplio que abarque las soluciones extrajudiciales a los conflictos, la información y orientación jurídica a los ciudadanos y la obligación positiva de los Estados de ofrecer una variedad de herramientas que permitan dar respuestas efectivas a los distintos problemas jurídicos que tienen las personas[3].

Para ello, los métodos alternativos de resolución de conflictos[4] ofrecen una amplia gama de mecanismos que, dotados de la legitimidad estatal adecuada, pueden ampliar las posibilidades de prevenir y solucionar controversias, y entregar recursos adecuados a las diferentes clases de disputas que principalmente tienen las personas más descuidadas.

Así lo declaman las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que establecen la necesidad de promover la difusión de la existencia y características de las formas alternativas de resolución de disputas entre los sectores vulnerables, teniendo en cuenta que -de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso- pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la Justicia[5].

Es que en términos de efectividad, los MARC se presentan como dispositivos mejor adaptados para resolver las necesidades de los individuos ya que su mayor flexibilidad redunda en ofrecer una solución más rápida y oportuna.

Especialmente para los sujetos en condición de vulnerabilidad, las características que tienen los métodos alternativos de resolución de conflictos, en general diferentes a los del sistema de justicia clásico, coadyuvan a remover barreras para el acceso a la Justicia y posibilitan que dichos sectores observen la presencia del Estado frente a sus necesidades jurídicas insatisfechas.

De esta manera, la informalidad, la proximidad geográfica y cultural, la visibilidad del agente, el lenguaje claro y sencillo, la participación ciudadana y el modo en el que se resuelven los conflictos son todos elementos determinantes que permiten brindar una tutela real, mayormente en favor de aquellos grupos más desprotegidos.

Al respecto, los MARC pueden cumplir un papel fundamental en aquellos litigios derivados de relaciones de continuidad y permanencia como los generadas en el ámbito familiar, laboral o vecinal, o en grupos de pertenencia, barriales o asociativos, y de otro tipo como las que provienen de consumo de bienes de escaso valor.    

Justamente estos asuntos son los “grandes derechos” de las personas más vulnerables, los que más se repiten en dichos ámbitos en materia no penal, que requieren, no de una decisión impuesta a las partes como en el proceso judicial, sino del diálogo entre las mismas a través de soluciones colaborativas y participativas que favorezcan una cultura ciudadana de convivencia y paz.

En esta línea, debe subrayarse que las disputas se enfrentan de diversas maneras y que la selección de un método y de la gama de posibles soluciones depende de datos culturales[6].

Por eso, el Estado debe garantizar -a través de políticas públicas responsables y serias- distintas herramientas, tanto de carácter judicial como extrajudicial, acorde a la naturaleza del conflicto y a las partes de este.

De este modo, cabe señalar que los MARC no están planteados para sustituir al sistema de justicia clásico. Lo que se requiere es su coexistencia a los fines de otorgar mayor justicia a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

Además, es necesario destacar que la regulación y legitimación estatal constituye un factor determinante para el buen desarrollo de estos mecanismos a los fines de evitar que la desigualdad real (económica, social y cultural) se traduzca en una desigualdad de armas al momento de resolver la controversia.

Por lo tanto, si se asegura la capacitación de los agentes encargados de llevar a cabo estas formas alternativas al proceso judicial y se los dota de las condiciones necesarias para su buen funcionamiento (normativas, presupuestarias, humanas, edilicias), no quedan dudas que implicará un cambio cultural en relación a la opinión del ciudadano sobre cuál es la manera más sencilla, eficaz y oportuna de hallar respuesta a determinados problemas jurídicos, como así también conllevará a ampliar el derecho de acceso a la Justicia particularmente en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

III. Conclusión

 

            Como expresaba Morello, en un mundo como el nuestro de incesante transformación, cuya mudanza de valores, de conquistas científicas y de adecuaciones técnicas sorprende por sus ciclos cada vez más cortos, resulta prioritario contar con un calificado centro de elaboración de alternativas y propuestas que permitan recrear o corregir preconceptos, o enmendar, adecuar, flexibilizar y perfeccionar lo que está establecido y vigente[7].

            Por ello, frente a la imperiosa urgencia de que todas las personas puedan hacer valer sus derechos y ante la evidente insuficiencia de la justicia tradicional para lograrlo, los métodos alternativos de resolución de conflictos se presentan como una opción a través de la cual la ciudadanía puede efectivamente resolver muchas de sus necesidades jurídicas insatisfechas y de una manera más sencilla, rápida y a menor costo.

            Al respecto, debe consolidarse una idea de acceso a la Justicia que no solamente se limite a la resolución judicial de los conflictos, sino que también incluya la solución extrajudicial de los mismos y que atienda a la educación en derechos como una herramienta básica indispensable para poder resolver los conflictos con posterioridad[8].

            Así, el bajo costo de estos mecanismos, su ubicación geográfica, su flexibilidad e informalidad, el diálogo que promueven entre las partes y el razonable tiempo en que se resuelven las controversias, son todos elementos que ayudan a remover los obstáculos que actualmente muchos individuos tienen para acceder a la Justicia.

            En definitiva, mejorar el acceso a la justicia –fundamentalmente de los sectores más vulnerables- debe ser un objetivo primordial y, en tal sentido, el Estado debe facilitar el acceso a aquel procedimiento de tutela jurídica de los derechos que sea más efectivo y oportuno.

 


 

[1] Según la clásica opinión de Cappeletti y Garth, el acceso efectivo a la Justicia puede ser considerado como el requisito más básico –el derecho humano más fundamental- en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos los individuos.

[2] Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han asociado al acceso a la Justicia con las garantías del debido proceso y han detenido su análisis en el proceso judicial como el único ámbito en donde puede garantizarse aquel derecho.

[3] Cfr. CEJA, “Mecanismos alternativos al Proceso Judicial para favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina, p.17, 2014.

[4] Debe aclararse que se hablará de modo genérico de los MARC, sin considerar las evidentes diferencias que existen entre cada uno de ellos. Al respecto, cabe referir una investigación realizada por el CEJA en el año 2014 en el que se señala que en Argentina existen veintinueve mecanismos alternativos al proceso judicial. Cfr. CEJA, ob. supra citada, p. 123.

[5] Al respecto, corresponde resaltar que las “Reglas de Brasilia” le dedican una sección especial a los medios alternativos de resolución de conflictos dentro del capítulo segundo sobre “efectivo acceso a la Justicia para la defensa de los derechos” (a través de las reglas 43, 44, 45, 46 y 47).

[6] Cfr. Falcón, Enrique M. “Sistemas alternativos de resolver conflictos jurídicos. Negociación, Mediación, Conciliación”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, p. 12.

[7] Morello, Augusto Mario, “Opciones y alternativas en el Derecho Procesal”, Lajouane, Buenos Aires, 2006, p. 77 y 78.

[8] Arellano, Jaime – González, Leonel (dirs.), “Manual de Mediación Civil”, CEJA, Santiago de Chile, 2017, p. 26 y 27.

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