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El Certiorari argentino y su carente fundamentación a la luz del artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación 

 

Autor: Valenzuela, Diego Exequiel

Institución: Maestría de Derecho Procesal. Universidad Nacional de La Plata Dirección: Calle 45 N° 795, La Plata (CP 1900), Provincia de Buenos Aires, Argentina

Celular: (0299) – 154640015

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Resumen:

Las ideas que iluminan este trabajo, se encuentran determinadas por los nuevos paradigmas que recepta el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, especialmente aquel que refiere al deber de los jueces de fundar razonablemente sus sentencias y como ello colisiona con el instituto del Certiorari, mecanismo discrecional aplicado por los Superiores Tribunales de Justicia. Situación que estimo que requiere de un análisis crítico y/o reflexivo sobre las instituciones y estructuras que imperan en la actualidad, su funcionamiento y desarrollo. Estimo pertinente indagar en esta problemática, dado que la cuestión planteada convoca a repensar los roles de los jueces en el marco de una sociedad democrática y su consecuente efecto sobre el servicio de justicia, que todos y todas deseamos mejorar. Considero muy apropiado como ejercicio intelectual, pensar en aquella analogía que asimila los árboles con las instituciones, en cuanto a que al iniciar un proceso de degrades, según el orden natural, se produce desde su punto más alto hacia su raíz.

Palabras Claves:

Código Civil y Comercial de la Nación, Certiorari argentino, Deber de fundar razonablemente las sentencias, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.


Sumario: I).- Introducción, II).- Importancia de la fundamentación de las sentencias, III).- Eficiencia vs. Constitucionalidad y Convencionalidad, IV).-Reflexiones acerca de la problemática, V).- Conclusión.

I).- Introducción:


Por medio del presente trabajo de investigación, lo que me propongo es efectuar un análisis de la que considero una “situación jurídico incompatible” que se planteo, desde la entrada en vigencia –el 1° de agosto del año 2015- del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (en adelante, CCCN), en particular con lo dispuesto en su Titulo Preliminar, Capitulo I, art. 3° el cual refiere al medular “Deber de Resolver” que tienen los jueces en el ámbito de su jurisdicción, a lo cual se agrega, que en cuanto al modo de resolver los asuntos deben ser mediante una decisión “razonablemente fundada”. Hasta este estado de situación normativa descripta, pareciera no revestir mayor complejidad en comparación con lo que establecía el art. 15 del derogado Código Civil; sin perjuicio de ello, advierto que la paradoja se configura, por la colisión con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de La Nación (en lo sucesivo, CPCCN), en cuanto legitima a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), a rechazar Recursos Extraordinarios –y quejas por denegación de aquel- que sean llevados para su conocimiento, con la sola invocación de la norma ritual antes mencionada, es decir, sin expresar los fundamentos que forman el sustento de su decisión.


Intentare indagar en los aspectos que estimo más fructíferos, a los fines de enriquecer el debate en torno a la cuestión planteada, sin que ello implique en mi espíritu un deseo de abordar en su totalidad el tópico, lo cual comprendo que yace en una utopía, sumado a la pluralidad de voces que espero que se alcen, en pos de una discusión constructiva y superadora ante tal esquema planteado.


II).- Importancia de la fundamentación de las sentencias:


En la visión clásica del derecho se entendía que la sentencia se encontraba dirigida exclusivamente a las partes, entre las que se entablaron acciones, reconvenciones, ofrecimientos de prueba, etc., ello en el marco de un proceso como escenario diseñado para que se diriman los conflictos sin una intervención protagónica del estado, es lo que Damaska denomino Estado Reactivo1. Luego, con el devenir del tiempo, esa perspectiva experimento cambios, que en gran parte se vieron impulsados por las turbulencias producidas en el contexto político, económico y social, tanto a nivel nacional como internacional, llevando a que el Poder Judicial –como uno de los poderes del Estado- debiera aggiornarse a las circunstancias para posibilitar dar respuestas a los problemas actuales, y no perecer en el intento, derivando en una organización ineficaz. Toda esta evolución se la puede apreciar, bajo una amplia mirada, a partir de la labor que ha desarrollado arduamente la jurisprudencia, y más específicamente la que emana de nuestros tribunales, que pese a no ser reconocida expresamente en el CCCN como fuente formal de derecho –si en sentido material- ella ocupo un papel indispensable para la redacción y posterior entrada en vigencia de dicho Código de Fondo. Todos estos avances –además de los producidos por la doctrina autoral- que han sido sabiamente recogidos por los redactores, ha dado lugar a que se considere que estamos frente a nuevos paradigmas del derecho, con instituciones jurídicas acordes a la Constitución, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, principios y valores jurídicos (arts. 1 y 2 CCCN), que se vinculan mediante un “dialogo de fuentes”, abriendo paso a la “Constitucionalización del Derecho Privado” y asimismo, todo ello plasmado mediante un lenguaje claro con el fin de ser comprensible para el ciudadano de a pie, como lo ha expresado el Presidente de la CSJN, R. Lorenzetti2. Este nuevo y/o renovado marco legal que se nos presenta, llama a los operadores jurídicos (Jueces, Abogados, Auxiliares de Justicia) y a los litigantes, entre otros, a desplegar un actitud diametralmente distinta desde lo propuesto por la asidua practica forense, tal es así que mas allá de lo establecido por normas de carácter procesal - Nacional y Provinciales- respecto de los deberes de los jueces de fundar sus sentencias3, el código sustancial se propone aun ir más lejos al disponer en su art. 3 que “El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”, deber que como bien dice Grajales, implica que a partir de la sanción del nuevo CCCN se propicia que la sentencia no solo se encuentra dirigida hacia las partes implicadas en el proceso, sino también hacia la comunidad jurídica que se encuentra atenta respecto de lo que el juez pueda resolver4.

En este orden de ideas, la doctrina más reciente ha dicho que “fundar una sentencia y que esta fundamentación sea razonable es una manda legal indelegable. Se trata de un deber que emerge de un Estado constitucional convencional de derecho, en el que los jueces, como integrantes de uno de los poderes del Estado, dan cuenta a la sociedad de sus actos”5. En relación a ello, opina Taruffo que “Este deber básico del quehacer jurisdiccional no expresa una exigencia genérica de controlabilidad hacia las partes del conflicto, sino que permite un control difuso y generalizado del modo en que un juez administra justicia: una garantía de controlabilidad democrática sobre la administración de justicia”6.

Por su parte alguna jurisprudencia se ha hecho eco de estas posturas y se ha manifestado con cierto énfasis de la siguiente manera: En la causa “M., O. A. c/ F., A. M” el STJ de la Pcia. de Corrientes expreso que “Resulta así imprescindible que la sentencia explicite los argumentos de derecho o de hecho en los que funda sus conclusiones decisivas, ya que, cabe reiterar, la falta de esta argumentación básica de sus fundamentos decisivos priva a los justiciables del más elemental derecho de fiscalizar el proceso reflexivo del sentenciador. (…) A la par que posibilita el control social difuso sobre el ejercicio del poder por los jueces, ya que destinatarios de las resoluciones judiciales no son solamente las partes de un litigio dado sino también y fundamentalmente, el pueblo, Juez de los jueces”7.
Posteriormente en las causas “Iezzi” y “Ibarra” la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata expuso que “Lo que le es exigible al magistrado –a los fines de dotar de validez y legitimidad a su decisión- es la exposición de razones y motivaciones propias, que permitan a los destinatarios comprender el proceso intelectivo lógico jurídico con el cual formó su convicción”8.

Para ahondar en el tema, es dable analizar cuál es el significado de la palabra “racionalmente”, dado que prima facie, la misma tiende a encuadrarse dentro de los denominados “Conceptos Jurídicos Indeterminados”. Desde el aspecto etimológico la palabra razón proviene del lat. ratio - ōnis, la cual posee diversas acepciones, siendo la más atinente al tema aquella que la define como “argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo”9, además, se ha considerado que la razonabilidad tiene que ver con lo plausible y con lo aproximativo, es decir, con lo que es más aceptable10. En relación a este punto, Berizonce ha expresado que “El Estado constitucional transformó los contenidos y la recíproca relación entre la ley y la Constitución, dejando en claro que la legislación debe ser entendida e interpretada a partir de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales. La apertura ‘principiológica’ provoca, de algún modo, la ruptura con el modelo subsuntivo derivado de un derecho basado en simples reglas; y en ese escenario, el juez pasa a ser observado como quien identifica los consensos básicos de la sociedad, el ethos jurídico dominante, para erigirlos en sustento de sus decisiones; y con ello, la posibilidad, por conducto de principios, de conectar la política con el derecho”11.

Para finalizar este apartado, evaluó sumamente pertinente citar las palabras de Camps, el que con una claridad y solvencia notable expresa que “La sentencia debe ser un producto razonado y objetivamente respaldado. No puede evidenciar un simple voluntarismo o el capricho de su autor. Una sentencia que no exhiba el iter lógico transitado hasta llegar a la conclusión que integra el fallo y que no exponga cuáles han sido los pilares normativos, jurisprudenciales o doctrinarios sobre los que se edifica, resulta contraria al orden jurídico integral y por ello puede ser descalificada como acto jurisdiccional válido”12.


1 DAMASKA, Mirjan, “Las caras de la Justicia y el Poder del Estado”, Editorial jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2010, pág., 125 y s.s.
2 LORENZETTI, Ricardo L., “Presentación del Código Civil y Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, del 6/10/2014.
3 Artículos 34 Inc. 4°, 163 Incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; los mismos artículos se replican en igual numeración en diversos ordenamientos de procedimiento locales.
4 GRAJALES, Amós., BÖMER, Martin. “Título Preliminar del nuevo Código Civil y Comercial: Una necesaria mirada a las fuentes del derecho y a la argumentación jurídica”. Jornadas de capacitación los días 24 y 31 de agosto del año 2015, organizadas por el IEJ de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA).
5 HERRERA, Marisa, CARAMELO, Gustavo, PICASSO, Sebastián. “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Tomo 1, 1ª ed, Ed. Infojus, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, pág. 17.
6 TARUFFO, Michele. “La motivación de la sentencia civil”, ed. Tribunal Electoral del P.J. de la Federación, México, 2006, pág. 355. En este mismo sentido conf. FALCON, Enrique M., “El Derecho Procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación”, 1ra Ed. Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pág. 180 y s.s.
7 Sentencia del 25/09/2014, en Revista Actualidad Jurídica. Familia y Niñez, n° 127, año X, noviembre, Córdoba, Nuevo Enfoque, 2014, p. 4062.
8 “Iezzi, Jorge Angel y ot. c/ Auto Club Balcarce y ot. s/ Daños y Perjuicios” e “Ibarra, Pablo Ariel y ot. c/ Auto Club Balcarce y ot. s/ Daños y Perjuicios”, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, del Departamento Judicial Mar del Plata, Sentencia del 15/3/2016, registrada bajo el Nº 54-S Fo.252/57.
9 “argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo”. Real Academia Española (RAE).
Fuente: http://dle.rae.es/?id=VFaWIYq.
10 GRAJALES, Amós., NEGRI, Nicolás, “Interpretación y aplicación del Código Civil y Comercial”, 1ª ed., Editorial Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016, Págs. 84 a 97 y 115 a 122.
11 BERIZONCE, Roberto O., Prólogo a la obra “Derecho a una sentencia motivada”, 1ra reimp., Ed. Astrea, Buenos Aires, 2014, pág. 12.
12 CAMPS, Carlos E. “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”. Anotado, comentado, concordado. Tomo 1. 2° Edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 40.

 

III).- Eficiencia vs. Constitucionalidad y Convencionalidad:


Para tratar debidamente el tema, propongo situarnos en tiempo y espacio, para lo cual nos debemos remontar a los fines de la década del 80´ y principios de la década del 90´, donde en el seno del Congreso Nacional, se 

debatía sobre distintos proyectos de ley uno presentado en 1987 y otro en 1989 –siendo este último el que adquirió carácter de ley- los que portaban como propuestas principales, la modificación a la integración de los miembros del Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, aumentando su número de 5 a 9 miembros, y asimismo, se introducía modificaciones al CPCCN, por medio de las cuales se facultaba a la corte a ejercer una suerte de jurisdicción discrecional, pudiendo rechazar mediante el uso de la sana critica, todo aquello que no portara a su consideración agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. Como resultado se sanciono la Ley 23.774 (LA 1990-A-64), por medio de la cual se introdujo la citada modificación, a los artículos 280 y 285 del CPCCN, quedando redactados –las partes que estimo relevante aquí- de la siguiente manera: art. 280.: “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”, art. 285.: “Si la queja fuere por denegación del recurso extraordinario, la Corte podrá rechazar este recurso en los supuestos y forma previstos en el artículo 280, párrafo segundo”. En suma, tal como expresa Gianini “Cobró así carta de ciudadanía en nuestro país lo que se ha dado en llamar el “certiorari argentino” o –con tono más irónico- el “certiorari criollo”, dada la autoproclamada filiación de la modificación aludida, con el tradicional instituto vigente en los Estados Unidos”13.

Cabe mencionar que previo a la sanción de la Ley 23.774, la CSJN dicto la acordada 44/89 por la cual expreso su categórico rechazo en relación a la modificación del número de integrantes del tribunal, pero en contrapartida se mostro muy benevolente con las modificaciones al Código de forma, considerando que “resultaban compatibles y adecuadas a la racionalización de sus tareas jurisdiccionales”14. Es claro que los temas que se debatían resultaban ser lo suficientemente complejos, merecedores de un robusto debate entre los distintos sectores políticos -en ejercicio de la democracia recuperada-, cuestión que lamentablemente no pudo satisfacerse plenamente, tal como afirma Oteiza “La discusión sobre la necesidad de dotar a la Corte de mayores atribuciones para prescindir del examen de asuntos carentes de importancia general o relevancia social fue atrapada por el debate político de coyuntura sobre el aumento de miembros de la Corte Suprema. El presupuesto que permitía unir a ambas cuestiones estaba dado por la sobrecarga de trabajo del Alto tribunal”15. Respecto de esto último, Gelli explica muy claramente la causalidad que llevo a la Corte a mostrarse receptiva en virtud de la modificación referida, al decir que “(...) en la República Argentina las causales de procedencia del recurso extraordinario federal se vieron ampliadas en mérito a la creación pretoriana de la arbitrariedad de la sentencia y la gravedad institucional. Estas doctrinas elaboradas por la Corte Suprema, sirvieron como llave para abrir el recurso en casos en los cuales, en principio, no se cumplían los requisitos formales de admisión de aquél”16.

En torno a esta cuestión, sobrevuela de manera transversal, la idea de la eficacia o eficiencia entendida como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”17, en este caso de quien se espera un cumulo de “efectos” y dentro de un plazo razonable, es precisamente del máximo tribunal de justicia argentino, es por ello que se ha dicho que “El propósito de la reforma fuera del costado estructural del aumento de miembros, no ha sido otro que el de procurar la descongestión, la descarga, y por vía de consecuencia, la selección razonable de un número y calidad (no secundaria) de asuntos “federales” que no excedan de las horas trabajo que humanamente los ministros y el “staff” del 

Tribunal pueden satisfacer, serena y responsablemente. Resguardando la función primera y principal del Alto y último tribunal de la Nación, de asegurar la primacía de la constitución y afirmar, en concreto, las garantías consagradas en la Carta Fundamental”18.

La elocuencia de lo expresado hasta aquí resulta ser plausible, aunque susceptible de críticas, en razón de que la añorada agilidad, no ha sido precisamente una herramienta capaz de saciar tan alta aspiración, en este sentido se ha manifestado Sabelli, al entender que “Es cierto que la Corte tiene una gran cantidad de expedientes pendientes de resolución y que eso atenta contra un eficaz servicio de justicia. Pero esa circunstancia no justifica per se que se viole la Constitución y los principios republicanos de gobierno en un intento de solución”, agrega que, el problema de estos argumentos es que dejan de lado la norma constitucional (y convencional) en pos de la mentada eficacia. De lo cual se deduce, que no todo lo “eficaz” es “constitucional”, y que el mecanismo creado por el art. 280 CPCCN -que instaura el Certiorari en nuestro ordenamiento nacional- es sin dudas un ejemplo de ello19.

Desde el plano convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) ha señalado que la motivación de la sentencia es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. La motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Ha enfatizado además, siguiendo fallos de viejo cuño del Tribunal de Estrasburgo, que la falta de fundamentación conlleva inexorablemente la arbitrariedad del pronunciamiento. Ello es así pues el deber de motivación integra una de las “debidas garantías” a que hace mención el art. 8.1 del Acuerdo de San José para salvaguardar el derecho a un debido proceso20.

Siguiendo esta línea argumental, Gil Domínguez, se planteaba tiempo atrás y casi en soledad la tesis de la inconvencionalidad del art. 280 con respecto al art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cada vez que la CSJN hacia uso de la formula dispuesta en el CPCCN, lo cual era motivo suficiente –según su criterio el cual comparto- para que se exponga nuestro país en franca responsabilidad internacional. Esta loable convicción, supo ser recogida a posteriori, por la propia CIDH a través del caso “Mohamed vs. Argentina” (23-11-2012), por medio del cual evaluó que el art. 280 desconoce lo dispuesto por los arts. 1.1, 2 y 8.2.h de la Convención Americana. De ello surge, que el art. 280 se configura como una norma totalmente contraria a una idea mínima de democracia deliberativa y de la consecuente legitimidad argumental racional21.

Si nos trasladamos al ordenamiento jurídico nacional, la CSJN se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad del art. 280, en reiteradas oportunidades desde el año 1999 –y incluso antes en minoría con el resonante fallo “Ekmekdjian c/Sofovich” (LL 1992-C-551)- en la causa “Asociación de Prestaciones Sociales para Empresarios”, sin perjuicio, de que cierto sector de la doctrina22 se ha mantenido impasible ante ello, y reivindican su reclamo por la evidente vulneración a derechos y garantías consagrados en nuestra norma fundamental, a favor de los justiciables a obtener una sentencia fundada, partiendo desde el Preámbulo hasta los arts. 1, 17, 18, 33, 75 Inc. 22, 112, 117.

Cabe decir, que en la Provincia de Buenos Aires, se ha establecido el art. 31 bis por la Ley 5827 (incorporado por la ley 12961 y sus modificatorias) que dispone la recepción del certiorari a semejanza del implementado en el ámbito federal, pero con cierta diferencia en cuanto a su amplitud, ya que lo prevé no sólo para emitir el juicio negativo de admisibilidad o fundabilidad de los recursos extraordinarios, sino, además, para formular el juicio positivo de esos medios de impugnación23. En relación a este mecanismo, estimo no superfluo estar atento a las alarmas que se pudieran encender –máxime si se pondera lo acontecido en el ámbito federal- por la potencial violación a los arts. 10, 15, 171 de la Constitución Provincial.


13 GIANINI, Leandro J., “El Certiorari, la jurisdicción discrecional de las Cortes Supremas”, Tomo I, 1ª ed., Ed. Librería Editora Platense, La Plata, 2016. Cfr. este mismo autor en el artículo “La Trascendencia y el Recurso Extraordinario. Aportes para su redefinición”. Publicado en J.A, 2016-I, Número especial: Recursos judiciales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 10/3/2016, págs. 29 a 54., Asimismo, se cita a SAGÜÉS, Néstor, “El ‘writ of certiorari’ argentino (las reformas de la ley 23.774, respecto al recurso extraordinario”, en LL 1990-C; PALACIO, Lino E., “Experiencia del denominado ‘certiorari argentino’”, LL 1995-E (sección doctrina), pág. 1056.
14 MORELLO, Augusto M., “La nueva etapa del recurso extraordinario: el certiorari (Ley 23.774)”, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, 1990, pág., 18. Obra citada por OTEIZA, Eduardo, “El certiorari o el uso de la discrecionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin un rumbo preciso”, Publicado en J.A. nro. 1., año 2008, pág. 706 a 717.
15 OTEIZA, ob. cit., pág. 708.
16 GELLI, Maria A., “El “writ of certiorari” en perspectiva”; publicado en Doctrinas Esenciales, La Ley, Tº III, P. 239/240, Buenos Aires, 2010.
17 “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. RAE. Fuente: http://dle.rae.es/?id=EPQzi07
18 MORELLO, Augusto M., “Esquema del Certiorari en la Ley 23.774”. Publicado en la LL. 1990-3.
19 SABELLI, Héctor E., “El rechazo ‘sin motivación’ del recurso extraordinario cuando la cuestión federal es intrascendente, ¿es constitucional? (sobre el certiorari criollo)”, en JA 2003-I, págs. 1359 a 1360.
20 Corte IDH, caso “Yatama Vs. Nicaragua”, sentencia del 23 de junio de 2005, serie C No. 127; caso “Chaparro Álvarez y Lapo Iñíguez Vs. Ecuador”, sentencia del 21 de noviembre de 2007, serie 170; caso “Apitz Barbera y otros “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo” vs. Venezuela”, sentencia del 05 de agosto de 2008, serie C. No. 182. En este ultimo precedente, se establece que “El deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para salvaguardar el derecho a un debido proceso” Cfr. VERBIC, Francisco, “Motivación de la sentencia y debido proceso en el Sistema Interamericano”, publicado en LL del 25-II-2014.
21 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, "¿Es la República Argentina un Estado violador de derechos humanos en virtud del art. 280 CPCCN?", publicado en J.A. 2003-I-1325. Además, se cita otra publicación del mismo autor “Inconvencionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, LL. 2014-D, 1180.
22 SABELLI, ob. cit. pág. 1351 y s.s.
23 RAPALLINI, Gustavo G., “La operatividad de la cuestión federal frente al rechazo por la vía del Certiorari”, Publicado en elDial.com el 27/10/2014 - DC1DE9. El autor cita a TESSONE, Alberto J., “Recursos extraordinarios. Juicios de admisibilidad y fundabilidad. El certiorari provincial”, Cita Online: 0003/801025. En este sentido, se ha expresado GIANINI, Leandro J., “El ‘certiorari’ en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Aportes para la definición de la noción de ‘trascendencia’ (art. 31 bis, ley 5827), en Revista de Derecho Público, Santa Fe, Rubinzal – Culzoni, 2016, n° 2016-I, págs. 341 a 387.

 

IV).- Reflexiones acerca de la problemática:


En honor a la verdad se puede aseverar que no es un secreto de estado que los máximos tribunales de justicia, se encuentran sometidos a una gran labor judicial, teniendo que resolver innumerables causas que llegan hasta sus estrados, resultando hasta insuficiente la colaboración por parte de sus auxiliares –relatores, secretarios, etc- que con denodado sacrificio tratan de no declinar en sus funciones y poder morigerar, la aquilatada tarea encomendada. En este sentido, se ha evaluado que no es novedosa la preocupación por la sobrecarga de los más altos cuerpos de justicia tanto en nuestro país como en el derecho comparado, donde la más obvia razón de dicho desvelo responde a la misma posición de estos tribunales en la estructura jurisdiccional, por motivo de encontrarse ubicadas institucionalmente en la cúspide del sistema de justicia, y que por ello las cortes supremas podrían quedar potencialmente sometidas a la revisión de la totalidad de la producción sentencial de un estado, lo cual en ultimo termino, desembocaría en una competencia que sería jurídicamente inaceptable, teleológicamente inútil y materialmente imposible de desempeñar. A raíz de ello, se ha visto una crisis con dos caras disimiles, siendo una de ellas la “Crisis Cuantitativa” que refiere a la superproducción a la que se encuentran sometidos los máximos tribunales de justicia, y por otra parte, una “Crisis Cualitativa” que hace alusión a los múltiples roles institucionales que llevan adelante tales órganos judiciales24.

Ante esta situación que he tratado de retratar lo más fiel posible, estimo que es sencillo mostrar consideración y hasta algún punto, percibir cierta empatía con los distintos funcionarios judiciales sobre los que se reposan enormes responsabilidades. No obstante, me planteo algunas interrogantes casi inevitables, las cuales no pretendo responder cabalmente, pero si depositarlas en el debate, como son: La Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial de la Nación y último interprete de la norma fundamental, ¿se encuentra facultada desde lo tuitivo para cerrar las puertas de su estrado, sin emitir razonables fundamentos, a la luz de lo establecido por el Código Civil y Comercial de La Nación?, Se dice que los extremos son malos, ¿entonces para la solución al colapso y la ardua labor, es realmente idónea en términos constitucionales y convencionales una formula como la dispuesta por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación?, Y si la reputamos como la adecuada, entonces ¿el fin justifica los medios lisa y llanamente?, y en caso negativo, ¿valdría la pena explorar nuevos horizontes que armonicen la realidad con el marco jurídico actual?. Las preguntas posiblemente podrían extenderse hacia el infinito, y sus soluciones quizá integren una esfera cognoscitiva difícil de acceder a ella, sin embargo, el consuelo proviene de la mano de la constante reflexión y de no mantenerse inmutable ante ese sentido que nos convoca del interior que es la Justicia.

Merece literalmente un párrafo aparte, lo relativo a necesaria superación de la aplicación del clásico silogismo judicial empleado por los jueces al momento de fundar las sentencias, ello es partir de una premisa mayor (los hechos), para luego subsumirlos en una premisa menor (la norma). De esta forma, como señala Guzmán, el uso del silogismo ha resultado conveniente para quien desea fortalecer los valores de legalidad y certeza de la sentencia y no para quien antepone el valor de la justicia del caso concreto. La argumentación silogística se preocupa en atribuir a la sentencia una apariencia de absoluta necesidad racional para disimular las opciones valorativas del Juez y, por lo tanto, evitar justificarlas25.

Como contracara a ello, adquieren relevancia las teorías de la argumentación –en el ámbito de la interpretación y aplicación del derecho-justamente en la necesidad de brindar justificación razonable a las decisiones jurídicas. De esta manera, la fundamentación del fallo adquiere una relevancia importantísima en la sociedad democrática, donde es necesario hacerse cargo de mirar los problemas considerando los distintos puntos de vista, la complejidad de las cuestiones planteadas, fomentando el diálogo y la búsqueda de consensos, sobre todo cuando se presenta una situación de discrecionalidad –cuando en principio no existiría una única solución del caso-, en aras de legitimar la conclusión arribada con un discurso justificatorio o fundamento razonable26.


24 GIANINI, ob. cit. pág. 3 y s.s.
25 GUZMAN, Leandro. “La sentencia razonablemente fundada en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” Publicado en Sup. Doctrina Judicial Procesal 2015 (junio), 03/06/2015, Cita Online: AR/DOC/1456/2015.
26 GRAJALES, Amós, NEGRI, Nicolás., “Argumentación Jurídica”, Ed. Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, pág. 503.

 

V).- Conclusión:

Es real que el camino que he emprendido a lo largo de estas páginas, consta de un suelo plagado de matices, y con ríos de tinta que emulan lo mucho que ya se han expresado la doctrina y jurisprudencia sobre la temática en diversas latitudes, a los cuales preferí solo hacer una somera alusión, y no extenderme por demás de los confines delineados.

Es propicio destacar, como objeto normativo de ponderación, la sanción del nuevo Código Procesal Civil de Brasil (ley 13.105) en cuanto en su artículo 489 ordena a los jueces el deber de fundar sus sentencias en conformidad con los valores y normas fundamentales receptadas en la Constitución de la Republica Federativa de Brasil (art.1).

Por último, es prudente decir que cuando hablamos de una sentencia razonablemente fundada en los términos del nuevo CCCN, no es otra cosa que convencer (ó persuadir) a ese otro, para que actué en consecuencia; y que como resultado genérico se (re)construya el camino para que jueces y juezas - y la justicia en general- se legitimen y renueven la confianza depositada, frente a la siempre atenta mirada de la sociedad.

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